Desde hace algún tiempo, ha comenzado a discutirse la problemática del acceso de las mujeres al mundo laboral, las diferencias salariales con respecto a los varones, y la cuestión de la distribución de las tareas de cuidado. ¿En qué estado estamos actualmente? ¿Se ha avanzado en esta materia? ¿Cuáles son las deudas pendientes?

Sin duda, cuando pensamos en la realidad de nuestra vida actual y la comparamos con la vida de nuestras abuelas o nuestros abuelos, nos percatamos de que los cambios se han ido produciendo y son verdaderamente notorios. Sin embargo, es imposible dejar de plantear que, a pesar de los avances, también se evidencian importantes estancamientos. Hay diversas normativas que, se supone, deberían ayudar a acelerar estos avances, pero también hay una creciente dificultad para que estas normativas se implementen de manera efectiva. Toda la situación de las mujeres en el mercado laboral está atravesada por las relaciones de género, a las que debemos percibir –porque eso son– como relaciones sociales de poder que, como tales, tienen sus dinámicas de resistencia. Creo que, en este momento, nos encontramos en un tiempo de explosión, un tiempo en el que estas temáticas han entrado en agenda a partir de importantes movilizaciones. Creo que el auge de los feminismos es evidente y está provocando numerosos cambios.

Para poner esto un poco en términos mensurables, ¿de qué hablamos cuando hablamos de desigualdad de género en el ámbito profesional y en la vida pública, etcétera?

Hablamos de situaciones de discriminación en contra de las mujeres. Hablamos de situaciones en las que, para poder desarrollarse, las mujeres enfrentan obstáculos que los hombres, no. Hablamos de situaciones que se expresan en la posibilidad de acceder o no a un empleo remunerado, hablamos de la posibilidad de que ese empleo sea registrado, que cumpla con las condiciones de la protección social, hablamos del nivel de esa remuneración. Todo lo que sucede en el mercado laboral se manifiesta y se expresa en que las mujeres tenemos una menor tasa de participación que los varones, mayor participación en ocupaciones informales, y sobrerrepresentación en la informalidad laboral. Las mujeres percibimos, en promedio, menores ingresos que los hombres, así como también trabajamos menos horas (remuneradas) que los hombres. Todo esto que acontece en el mercado laboral se conjuga con lo que sucede en el mundo del trabajo más ampliado. Es decir, con todo aquello que se vincula al trabajo de reproducción de la vida.

Buena parte de las cosas que hacemos tienen que ver no con nuestras vocaciones, nuestros deseos o nuestras expectativas de construir una autonomía de proyectos vitales, sino con las necesidades de que nuestro mundo material, simbólico y afectivo se mantenga activo, y se proyecte hacia el futuro, propio y de las generaciones siguientes, implicadas con nosotros. Esto en un sentido muy amplio es la reproducción de la vida, que exige no solo la tarea rentada de obtener recursos materiales, sino también todas esas tareas invisibilizadas e imprescindibles que consisten en cuidar a los hijos, a los mayores, a los enfermos, a la familia que trabaja afuera de la casa, a la relación con los sistemas periféricos al trabajo o a la misma familia (la educación, la salud, la vida social, etcétera). ¿Qué es lo que sucede con esto hoy?

En principio, diría que acuerdo con esta definición. Y creo, asimismo, que la palabra “invisibilización” es muy apropiada para referirse a las tareas de cuidado y de la reproducción social de la vida. Porque, de hecho, todas esas actividades a las que se aludía constituyen un trabajo. Sin embargo, si le preguntamos a una persona que dedica tiempo completo a este trabajo de cuidado, dirá “no, yo no trabajo, ahora estoy cuidando a mis hijos”. Ese creo que es el ejemplo más gráfico de la invisibilización.

Pero en cambio sí le preguntamos a una persona que trabaja específicamente de eso, como las personas que cuidan niños, ancianos o hacen tareas domésticas por una remuneración, la situación cambia.  ¿Qué sucede, en este sentido, con las relaciones de clase, como mediadoras de las tareas de cuidado?

Nosotros usamos un concepto que creo que es bastante útil para describir estas condiciones. Es el de “organización social del cuidado”. Lo que decimos es que las sociedades resuelven de alguna forma la reproducción cotidiana de la vida. En esa resolución intervienen de manera interrelacionada los hogares y los miembros de los hogares (varones y mujeres), pero también interviene el Estado. Cuando el Estado provee servicio educativo, está educando a los niños y las niñas, pero también los está cuidando. Cuando el Estado provee servicios de salud o provee servicios de cuidados domiciliarios para personas mayores, está proveyendo de cuidado. Cuando la provisión pública de cuidado es muy insuficiente o deficitaria, interviene el mercado y se convierte en un actor en esta organización social del cuidado. Cuando una mujer profesional que tiene recursos monetarios suficientes contrata a otra mujer, probablemente con menor trayectoria educativa, con más necesidades materiales, para que realice estas tareas domésticas y de cuidado remuneradas en su hogar, está comprando cuidado, está participando en el mercado. Por lo tanto, esta organización social del cuidado que se conforma con esta intervención interrelacionada de hogares, Estado y mercado, es hoy profundamente injusta. Las responsabilidades de cuidado están mal distribuidas en un doble ámbito. Por un lado, entre hogares, Estado y mercado, donde la mayor parte de la responsabilidad es asumida por los hogares. Y, dentro de cada uno de estos actores del cuidado, entre varones y mujeres, porque las relaciones de género siguen operando en este terreno en el que se naturalizan las capacidades de las mujeres para cuidar y se les hace recaer todo el peso de estas tareas sobre sus espaldas.

Lo que vemos aquí son dos esferas de problemas a discutir que se interrelacionan pero que son relativamente autónomas: el de la distribución del circuito de los cuidados (y eso tiene que ver con cómo funciona nuestro capitalismo y cómo funciona nuestra sociedad) y el de las desigualdades de género en relación con el cuidado (que tiene que ver con cómo funciona nuestra cultura de género y nuestra política de género).

Sí, son dos esferas íntimamente relacionadas. La relación entre patriarcado y capitalismo está muy documentada.

Es cierto, pero también es cierto que hay sociedades que han resuelto mejor ambas esferas de un modo autónomo. Por ejemplo, sociedades europeas avanzadas en las que la asunción por parte del Estado de los cuidados y de la reproducción social y el equilibrio de género en la tarea del cuidado es mucho más equitativa.

En sociedades desiguales como la argentina, la presencia del Estado es clave para garantizar la universalidad del acceso a posibilidades de cuidado.

Exactamente. Y esa es la clave. Las sociedades que tienen un reparto más igualitario, una organización social del cuidado más justa, son aquellas en las que el Estado asume mucha mayor responsabilidad, con normativas que obligan a las empresas a brindar ciertas prestaciones o a respetar ciertos derechos, y con provisión directa de cuidado. Además, en sociedades desiguales como la nuestra, la presencia del Estado es clave para garantizar la universalidad del acceso a posibilidades de cuidado.

Algunas de esas sociedades, y podemos evocar específicamente a las nórdicas, fueron incluso pioneras en la participación de las mujeres en política. ¿Este hecho ayuda a que se establezcan esas relaciones más igualitarias en torno a las tareas de cuidado?

 

No solo es necesario que se integren más mujeres en política, sino más feministas en espacios de poder.

Sí, sin duda. Cuanta mayor participación de mujeres haya en los distintos espacios de representación política, más chances hay de que estas agendas avancen. No hay garantía, sin embargo. Nosotras solemos decir que no solo es necesario que se integren más mujeres en política, sino más feministas en espacios de poder. Porque son ellas quienes tienen la capacidad de mover esas agendas. Pero, sin duda, estos espacios están íntimamente relacionados. Los avances en participación política ayudan y aceleran los avances en otras dimensiones de la vida.

¿Hay sociedades en las que la disparidad de género, tanto en la vida laboral como en el orden general de la reproducción de la vida, sea mucho más matizada?

Los países nórdicos suelen ser el ejemplo paradigmático. Sin embargo, yo suelo plantear que poner el ejemplo de Suecia para Argentina puede ser casi como poner el ejemplo de Marte. Pero hay países cercanos que también han avanzado mucho. El ejemplo más notorio en América Latina es Uruguay, que ha conseguido instalar el tema de los cuidados en su agenda de políticas públicas hace ya muchos años. Lo ha movido inicialmente la sociedad civil, organizaciones de mujeres y feministas, pero ha habido un proceso de mucha concientización en la necesidad de crear una demanda social en relación con una organización social del cuidado más justa. Eso ha ido permeando las esferas políticas y, en la última campaña presidencial, fue muy impactante ver cómo todos los partidos que estaban compitiendo electoralmente tenían como uno de los puntos prioritarios en su plataforma la construcción de lo que en Uruguay llaman un “sistema nacional integrado de cuidados”.

¿En qué consiste concretamente?

Creo que lo primero que hay que resaltar es que no es solo una idea sino la idea de un sistema. Es decir, que estas cuestiones no se transforman con políticas aisladas o con acciones aisladas, sino que hay que pensarlas integralmente. El sistema uruguayo y, en general, los sistemas que existen en los países que tienen una política de cuidados de este tipo, tienen tres o cuatro componentes. Uno, que consiste en normativas que regulan dimensiones del cuidado en las relaciones laborales. El ejemplo clásico de esto son las licencias vinculadas con cuestiones de cuidado. Me refiero a la licencia por maternidad, esto es, la posibilidad de ausentarse del empleo en la proximidad del nacimiento de un hijo o de una hija, sin poner en riesgo ese puesto de trabajo y conservando la remuneración. Argentina tiene licencia por maternidad, pero todavía no alcanza en su extensión el estándar de la OIT, que es de catorce semanas. En la Argentina, es de doce. La ley argentina tiene, además, regímenes diferentes: la ley de contrato de trabajo que rige esta materia en el ámbito del empleo privado, y una serie de normativas propias para el sector público. En general, la licencia por maternidad en el empleo público es más extensa, aunque varía según los estados provinciales. Esto nos marca que, además, hay segmentación.

En el ámbito privado, la licencia por maternidad es mucho más breve, son los famosos tres meses, que las mujeres en general tratan de acomodar para que les quede, lo máximo posible, después de que el bebé nace. Uruguay, en cambio, amplió su licencia por paternidad como parte del sistema de cuidados, llevándola en un proceso paulatino a treinta días, e implementó lo que se llaman las “licencias parentales”. Las licencias parentales son licencias que no están asociadas al nacimiento sino a la crianza de los hijos y de las hijas en los primeros tiempos de vida. En Uruguay, la licencia parental adoptó una forma particular que habilita a que, durante seis meses, tanto la madre como el padre, puedan tomarla a medio tiempo. Es decir, trabajar media jornada durante seis meses.

También debería pensarse en la creación de infraestructuras que faciliten la proximidad del chico con los padres en el espacio laboral.

Exactamente. Espacios para la lactancia, por ejemplo, o espacios de cuidado infantil en los propios centros de trabajo. De hecho, la Ley de contrato de trabajo tiene un artículo que establece que cuando una empresa tiene más de cincuenta trabajadoras mujeres, está obligada a tener una unidad de cuidado para niños y niñas. Ese artículo de la Ley de contrato de trabajo no está reglamentado y entonces no se cumple, pero de hecho está la previsión.

En algunos casos, en el Estado existen guarderías, pero en el mundo privado las cosas suelen ser más complicadas.

Lo que sucede es que al no estar en efecto la ley, lo que hay son soluciones individuales. Hay empresas que también brindan estos beneficios; por ejemplo, les pagan un subsidio a sus trabajadores y trabajadoras para que con eso contraten en el mercado un servicio de cuidado.

Pero se lo tienen que procurar personalmente.

Así es. Entonces, además de estas regulaciones, hace falta la provisión de los servicios, y ahí aparece todo el campo de las llamadas políticas públicas de cuidado, que debieran atender las necesidades de cuidado de toda la población dependiente de ellas. El debate en Argentina, que ha avanzado un poco, está muy concentrado en el cuidado de niños y niñas, y hay políticas de extensión de la cobertura en la educación inicial. La extensión de la jornada escolar resulta clave, porque la asistencia educativa es amplia pero la jornada escolar en la educación básica es de cuatro horas. Mientras que la jornada legal de empleo son ocho horas. Argentina está, además, muy retrasada en políticas de cuidado para la población adulta mayor dependiente y para la población con discapacidades. Ahí los arreglos son íntegramente privados prácticamente.

¿Hay algún modelo de cuidado público para los adultos mayores o son todos absolutamente privados?

El PAMI, que es del Estado nacional, tiene un programa de cuidados domiciliarios, pero son programas muy focalizados y pensados como una alternativa para los hogares de mucha vulnerabilidad. No se los piensa como un derecho al que todas las personas deberíamos acceder.

Ahí está la distancia con lo que referías respecto de los países nórdicos. Uno imagina que en un país con una distribución de la riqueza mínimamente sensata cualquier ciudadano accede a unos cuidados, no solo el ciudadano vulnerable que no puede pagar. ¿Allí es donde se ve el entrecruzamiento de las variables de la clase y del mercado?

La injusta organización social del cuidado es un vector de reproducción de desigualdad. Esta no debería ser una preocupación solamente de las mujeres, sino de cualquier persona que aspire a vivir en una sociedad igualitaria.

Exactamente. Por eso, la injusta organización social del cuidado es un vector de reproducción de desigualdad. Esta no debería ser una preocupación solamente de las mujeres, ni siquiera solamente de las feministas. Debería ser una preocupación de cualquier persona que aspire a vivir en una sociedad igualitaria, porque es un nudo de reproducción de la desigualdad.

¿Y con qué herramientas se resuelve la política de cuidado de adultos mayores?

En ningún caso hay una sola herramienta, pero una buena combinación de provisión de servicios para las personas mayores debería combinar servicios domiciliarios, residencias de larga estancia (hay personas adultas mayores que tienen un nivel de dependencia que requiere institucionalización), y teleasistencia. El sistema uruguayo comprende un programa de teleasistencia a través del cual los adultos mayores tienen un mecanismo de fácil acceso. Ante una situación problemática, se comunican y la familia está enterada de este problema y lo puede resolver. Esto les da un margen de seguridad a las personas adultas mayores. Por supuesto que también pueden desarrollarse soluciones comunitarias dependiendo del grado de dependencia que tengan.

¿La robustez de una sociedad civil y de las soluciones comunitarias mejora mucho la respuesta común a los problemas individuales?

Sí. Pero hay que sostener un desarrollo genuino de la comunidad. Y digo esto pensando en el caso del cuidado de niños y niñas. Puedo comentar un caso específico que es para reflexionar. Se trata del de la ciudad de Buenos Aires, donde se produjo una alianza entre el Estado y organizaciones comunitarias que ya realizaban iniciativas de cuidado. ¿Qué sucedió? El Gobierno de la Ciudad comenzó a desarrollar una política de centros de desarrollo infantil que consistió, sin más, en hacer convenios con esas organizaciones y financiar parte del costo de la provisión de ese servicio. Entonces, la casa antigua donde se encontraba la organización comunitaria que prestaba servicios de cuidado, fue pintada de amarillo (el color característico de la gestión actual), se le colocó un cartel gubernamental, y se comenzaron a pagar los salarios de las personas que trabajaban allí.

La situación que se da ahora en la ciudad de Buenos Aires es la de un sistema segmentado de provisión de servicios de cuidado, sobre todo en la infancia (0 a 5 años). Por un lado, tenemos la educación inicial, donde los niños asisten a jardines maternales, jardines de infantes, que tienen personas que los atienden, que los educan y los cuidan, con cierta capacitación profesional, infraestructura de ciertas características, donde asisten en general hijos e hijas de los sectores medios. Y, por otro lado, tenemos los centros de desarrollo infantil, con otras características. No tienen una currícula, las personas que cuidan no son maestras jardineras sino madres cuidadoras, y la infraestructura es más sencilla. Allí asisten personas en una situación de mayor vulnerabilidad. En definitiva, se produce una situación donde el acceso a servicios de cuidado es más o menos extenso, pero con características disímiles. Es allí donde esta idea de la comunidad puede ser más problemática. Porque es preciso que el Estado garantice determinadas regulaciones, políticas, y condiciones igualitarias.

En este caso parecen evidenciarse dos problemáticas. Una es que la comunidad reemplace la tarea del Estado y la otra es que tras reemplazarlo el Estado habilite una modalidad que segrega, que divide, es decir, que no iguala.

Un buen ejemplo en Argentina en materia de cuidados es el de la ciudad de Rosario. Allí la combinación de la provisión pública con la organización comunitaria se produce de mejor manera que en otros sitios, rompiendo paulatinamente la segmentación.

Esta es la segmentación a la que me refiero. Y considero que esto se soluciona con la garantía de un acceso universal a servicios públicos de cuidado con ciertas características, que luego la organización comunitaria pueda complementar. Con lo cual, también es importante la presencia territorial del Estado. En ese sentido, un buen ejemplo en Argentina es el caso de la ciudad de Rosario, que ha avanzado mucho en instalación de infraestructura para servicios de cuidado en los territorios. Allí, la combinación de la provisión pública con la organización comunitaria se produce de mejor manera, rompiendo paulatinamente la segmentación.

Volvamos momentáneamente a la cuestión de la presencia de las mujeres en el Estado. Por lo general, tiende a asumirse que esa presencia garantizará una serie de políticas más progresistas y una perspectiva de género más asentada. Sin embargo, hay buenos ejemplos de lo contrario. No es muy claro que Margaret Thatcher, Angela Merkel o Christine Lagarde, por mencionar tres mujeres que ocuparon roles de poder, garanticen una mirada más progresista. ¿Cómo responde la economía feminista, o los sectores más progresistas a esto?

Creo que efectivamente esto supone un dilema y un debate. Vayamos al caso argentino. Aquí contamos con una ley de cupo en la representación parlamentaria nacional muy avanzada y bien implementada. ¿Pero qué fue lo que pasó al principio? Que quienes accedían al Senado eran sobre todo las “esposas de”, las “hermanas de”, y manifestaban visiones conservadoras. Sin embargo, el tiempo ayuda, y hoy en Argentina tenemos una representación parlamentaria de mujeres muy potente, con visiones diferentes. Creo que hay que sostener que no es cierto que todas pensemos de la misma forma. De hecho, eso no sería positivo. Hay mecanismos que contribuyen con el tiempo a garantizar estas representaciones más diversas, más progresistas.

El punto, por lo tanto, es la igualdad de acceso.

Mecanismos como el del cupo femenino, o el de la paridad que ahora se está promoviendo, son necesarios hasta que no sean necesarios.

Por supuesto. Hay que escapar del esencialismo. Mecanismos como el del cupo femenino, o el de la paridad que ahora se está promoviendo, son necesarios hasta que no sean necesarios. Justamente, la función de estos mecanismos es que frente a la desigualdad, se garantice igualdad.

Generar una nueva normalidad.

Claro. Yo creo que es mejor que haya más mujeres porque van a hacer que las cosas sean mejores que lo que serían si no estuvieran. Pero aun si no se produjera ese resultado, es mejor porque es un derecho, no porque va a producir un resultado diferente del derecho mismo. Esto es importante aclararlo.

Sinceramente, yo creo que promover la presencia de las mujeres en espacios de representación y de toma de decisiones es importante porque partimos de pisos de desigualdad. Partimos de pisos de opresión de las voces de las mujeres, por lo que la tarea es generar mecanismos que garanticen la presencia de estas voces. La finalidad última de la perspectiva de género, si hay que llamarla de alguna manera, es extinguirse. Es decir, que no sea más necesaria la discriminación positiva. Cuando lleguemos a esa situación querrá decir que todos esos procesos van a haber permitido que mujeres y varones podamos expresarnos y ocupar espacios de toma de decisiones con la misma posibilidad

Corina, ¿cuál es la relación si es que se puede medir, si es que hay alguna, entre desigualdad y violencia de género?

Sí, hay varias aristas en las que ambas dimensiones se vinculan. Podemos identificar violencia económica de género. La privación del acceso a ingresos propios a las mujeres es una forma de violencia propia de un capitalismo de dimensiones patriarcales. Evidentemente, hay un sistema masculino que excluye a la mujer del acceso a recursos monetarios para acentuar o perpetuar la dependencia respecto del hombre. Además, se priva a la mujer de condiciones de vida materiales básicas. Asimismo, se puede identificar una relación entre desigualdad económica y posibilidad de salida del círculo de la violencia. La violencia de género se expresa en todas las clases sociales. Las mujeres con mayores recursos económicos también son víctimas de la violencia. La única diferencia es que algunas tienen la posibilidad de escapar de algunos de los mecanismos de reproducción de esa violencia. En su aspecto más básico, dejar de convivir con el agresor sin perder la posibilidad de convivir con sus hijos e hijas. Muchas mujeres sostienen su convivencia con el agresor porque no pueden irse con sus hijas e hijos, no tienen adónde ir en algunos casos. En otros, ponen en riesgo la la tenencia de los niños y la posibilidad de seguir conviviendo con ellos. También hay un vínculo que se expresa en el acceso a la justicia. En un marco de acceso a la justicia relativamente privatizado, también los recursos económicos facilitan buenos mecanismos.

¿Querés decir que no hay acceso directo de los ciudadanos a la institución judicial, sino que tiene que hacerlo intermediado por otros actores?

Si, la asistencia legal, la figura del abogado o abogada que te patrocina. Hay en Argentina algunos programas de patrocinio legal gratuito. La Corte Suprema tiene una oficina potente al respecto. Sin embargo, todos esos mecanismos funcionan solo para quien puede demostrar que no puede acceder a otro. Por lo tanto, la autonomía económica de las mujeres genera todo un contexto, tanto de prevención como de posibilidad de salida de situaciones de violencia. La dominación económica por parte de los varones profundiza la violencia en todas sus otras manifestaciones.

¿Es decir que podemos suponer que en contextos de mayor igualdad hay también menor violencia?

Podría haberla. Hay un contexto para favorecer menor incidencia de la violencia. Pero hay muchos otros aspectos involucrados en ello.

¿Qué políticas pueden implementarse en lo inmediato para resolver algunas de estas situaciones? No ya pensando en el mediano o el largo plazo sino en el corto. Más allá de la creación de conciencia, y de manifestaciones, y de exigencias al poder político, ¿qué se podría hacer mañana?

Yo mencioné normativas y mencioné políticas. Pero creo que un tercer aspecto que es importante atender para que las normativas y las políticas tengan efecto es el de la formación cultural. Podemos tener una licencia por paternidad de treinta días, pero si socialmente se sigue considerando que la que tiene que cuidar al recién nacido es la madre; si un asalariado se quiere tomar su licencia por paternidad y sus compañeros de trabajo se burlan de él, es probable que eso desincentive la práctica efectiva de las normas. Desde ahora mismo se podrían desarrollar políticas que aceleren la transformación cultural. O ponerse en práctica normas que aceleren los cambios culturales. Esta es una materia en la que podemos actuar ahora mismo.

Sobre la entrevistada: Corina Rodríguez Enríquez es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científi­cas y Técnicas (Conicet) de Argentina, con base en el Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (CIEPP). Integra el Comité Ejecutivo de Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN) y de la Asociación Internacional de Economía Feminista (IAFFE).